abril 4, 2022

El asedio a las curules afro: la etnicidad entrampada entre la mafia y el clientelismo

Durante las recientes elecciones al Congreso de la República, el escenario de reivindicación étnica constituido en las curules especiales para las comunidades negras en la Cámara de Representantes se tornó en objeto de polémica. Primero, en razón de la brevísima victoria electoral del exmilitante del Partido Centro Democrático Miguel Polo Polo, ahijado político de la senadora del mismo partido María Fernanda Cabal, después, debido a su reemplazo por Lina Martínez, hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador por el Partido Convergencia Ciudadana y condenado por promover la ascensión política de grupos paramilitares e incurrir en fraude electoral a lo largo de la Costa Pacífica.

A raíz de este episodio queda en el ambiente la pregunta sobre ¿qué es lo que sucede alrededor de las curules afro en Colombia? Más allá del bombo en redes sociales o el protagonismo mediático que han adquirido personajes como estos, creemos que es importante recoger este acontecimiento como una oportunidad para hacer pedagogía étnico-política y recordar, o aclarar, según sea el caso, qué son, de dónde nacen, qué buscan y cómo se han desarrollado las curules afro en Colombia.

Durante la década del noventa, el proceso de organización, movilización y lucha que venían adelantando distintas comunidades campesinas negras del Pacífico se tradujo en una victoria jurídica en términos territoriales, étnicos y sociales, a saber: la Ley 70 de 1993[1]. En su artículo 66, la normativa rotulada como ‘Ley de las negritudes’ define la creación de la circunscripción especial para las comunidades negras, por la cual se les asegura la asignación exclusiva de dos escaños en la Cámara de Representantes. Ahora bien, la norma que delinea los requisitos para ocupar las plazas es la ley 649 de 2001, la cual formaliza, como doble causal de reconocimiento para la asunción del cargo, que los candidatos “deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”[2].

Este espacio soñado, luchado y materializado por cuenta del trabajo los mayores y mayoras afro, adolece, lastimosamente, de una puesta en práctica atravesada por la mezquindad, la instrumentalización y la corrupción de actores ajenos al movimiento. Este estigma se vio de la manera más clara cuando hacia el año 2014 llegan a las curules afro María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña, dos personas blanco-mestizas sin trabajo de base alguno en favor de las comunidades negras. A pesar de que ninguno de los mencionados pudo permanecer en el cargo, además de ser sindicados por falsedad ideológica, falsedad en documento público y fraude procesal, lo cierto es que la flexibilidad en la implementación de la política étnica de Colombia, cuyo diseño busca generar cierta autonomía en los procesos políticos afrocolombianos, deja abierto un espacio por el cual se filtra la competencia advenediza y corrupta.

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares),la normativa vigente es suficientemente laxa como para permitir que ciertas empresas electorales y maquinarias políticas terminen haciendo de este espacio destinado a la reivindicación étnica una suerte de ‘mercado de avales políticos’[3].  Esto se percibe como un obstáculo profundo en los procesos políticos de muchos Consejos Comunitarios, reglamentados en el artículo quinto de la ley 70.

Por un lado, se pone en jaque a la participación autónoma de las colectividades afrodescendientes, quienes se ven obligadas a competir con el peso de las maquinarias electorales por la ocupación de la curul. Por el otro, se contribuye a la desarticulación de la organización y sus procesos de reivindicación étnica y cultural, de modo que esta lógica clientelista ataca directamente a la autodeterminación de las organizaciones de base.

Casos como el de Miguel Polo Polo, Lina Martínez o Ana Rogelia Monsalve, quien finalmente se quedó con el primer escaño de la curul, sirven de ejemplo para reconocer cómo operan las maquinarias y cómo compiten entre ellas para obtener un espacio en el Congreso a costa del proceso político de las colectividades afrocolombianas, negras raizales y palenqueras. La curul nació con un espíritu enfocado al fortalecimiento étnico-político de los Consejos Comunitarios en el marco de la política nacional para que, a través de su actividad organizativa, las comunidades participen de las decisiones que determinan su porvenir social, territorial y cultural. Actualmente, es difícil pensar en este espacio de participación como uno cuya agenda comprenda la lucha contra el racismo estructural o la promoción de propuestas más concretas, como la implementación de la cátedra afrocolombiana, por ejemplo.

En todo caso, la curul afro no coincide en ningún aspecto con aquel discurso según el cual ‘cualquiera puede ser afro’, como célebremente afirmó Polo Polo durante una entrevista radial. Más bien, este espacio de representación étnico-parlamentaria requiere ser ocupada por personas que hayan trabajado de cerca por transformar la compleja situación de las distintas comunidades afrocolombianas repartidas por los diferentes territorios del país, y en su espíritu imperan criterios como la ascendencia étnica y la pertenencia cultural, que de cierto modo apuntan a la consolidación del bienestar comunitario, pacífico, participativo y ‘sabroso’ en el territorio. A nuestro pesar, durante años la curul afro ha sido secuestrada por fuerzas políticas deshonestas que se sirven de complejos esquemas de influencia en los territorios rurales y urbanos para hacerse con instancias de representación y participación que no están diseñadas para corresponder a sus artimañas, pero tampoco lo están para blindarse de ellas.

Por: Daniel Villamil


[1] Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 27 de agosto de 1993. D.O. No. 41013.

[2] Ley 646 de 2001. Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia. 27 de marzo de 2001. D.O. No. 44371.

[3] Véase Medrano, E. (marzo de 2022). La rapiña electoral: en busca de las curules afro. Fundación Paz y Reconciliazión: https://www.pares.com.co/post/la-rapi%C3%B1a-electoral-en-busca-de-las-curules-afro

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